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Noticias de El Salvador - ContraPunto

Febrero 19 / 2019

Caso El Mozote, a audiencia pública en Corte IDH

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El acto da respuesta a la petición de CEJIL y Tutela Legal. La vista será en Guayaquil, Ecuador.

Por Gloria Morán

SAN SALVADOR - La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizará este lunes, 23 de abril, la audiencia pública ante el caso de la Masacre de El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981.

El acto jurídico se llevará a cabo en Guayaquil, Ecuador. Esto es en respuesta a las peticiones de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de ambas entidades serán escuchados durante la audiencia.

La audiencia busca contribuir al esclarecimiento de las responsabilidades del Estado salvadoreño en esta masacre, que cobró la vida de infantes, mujeres y hombres, y personas de la tercera edad. 

La Corte IDH estará desarrollando el periodo 45 de sesiones extraordinarias con el fin de esclarecer violaciones a los derechos humanos.

Si bien es cierto la Corte IDH ya antes ha emitido sentencia ante las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado en El Salvador, “ésta es la primera ocasión que tendrá la oportunidad de referirse a la Ley General de Amnistía en El Salvador y la primera ocasión en la que tendrá la responsabilidad de decidir sobre una de las masacres más grandes de Latinoamérica”, cita un comunicado de la CEJIL.

La CEJIL aclara que fue ante la falta de justicia del Estado salvadoreño que decidieron llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ésta admitió el caso el 2 de marzo de 2006 y lo remitió a la Corte IDH el 8 de marzo de 2011.

"CEJIL, Tutela Legal y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizan al Estado salvadoreño de la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, vida privada y familiar, propiedad privada, libertad de circulación y residencia, garantías judiciales y protección judicial”, reza el comunicado.

En enero de este año el presidente Mauricio Funes realizó un acto en El Mozote donde, tras reconocer públicamente la responsabilidad del Estado y la Fuerza Armada, aprovechó para pedir perdón en nombre del Estado Salvadoreño por la masacre ocurrida en el lugar. Esto aconteció en el marco del XX aniversario de los Acuerdos de Paz y a 31 años de la masacre.

Un poco de historia del Mozote

Entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 alrededor de mil habitantes de comunidades, entre ellas El Mozote, del municipio de Meanguera, en Morazán, fueron asesinados por miembros del Batallón Atlacatl y otras unidades de las Fuerzas Armadas de El Salvador, durante la acción denominada “Operación Rescate”.

El Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador cita que los habitantes de El Mozote fueron apresados, sin que pusieran resistencia, el 10 de diciembre de 1981 por el batallón Atlacatl; sin embargo fueron asesinados, cerca de 200 personas el 11 de ese mismo mes. Durante los siguientes días continuaron los asesinatos, llegando a la cifra a las 900 víctimas, según cálculos conservadores.

“Primero fueron torturados y ejecutados los hombres, luego fueron ejecutadas las mujeres y, finalmente, los niños en el mismo lugar donde se encontraban encerrados. El número de víctimas identificadas excedió de doscientas. La cifra aumenta si se toman en cuenta a las víctimas no identificadas”, cita el Informe de la verdad.

La CEJIL asegura que después de la masacre el gobierno salvadoreño no hizo ningún tipo de investigaciones, misma aseveración que hace el Informe de la Verdad.

“Por el contrario, las autoridades del Gobierno de El Salvador y de Estados Unidos encubrieron y negaron reiteradamente los crímenes ante la prensa a pesar de que dos de los principales medios estadounidenses (el New York Times y el Washington Post) habían hecho públicos los hechos de la masacre. Los sobrevivientes y los familiares de las víctimas, representados por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (Tutela Legal), dieron inicio a las acciones judiciales en 1990”, dice el informe de la CEJIL.

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