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Noticias de El Salvador - ContraPunto

Abril 24 / 2019

Víctimas de guerra denuncian al Estado ante FGR

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Los denunciantes aseguran haber sido víctimas de torturas y detenciones arbitrarias por parte de los cuerpos policiales del Estado.

Por Gloria Morán

SAN SALVADOR – Víctimas de tortura y detenciones arbitrarias durante la guerra civil acontecida en El Salvador entre 1980 y 1982 interpusieron este lunes una demanda al Estado salvadoreño ante la Fiscalía General de la República (FGR). 

Los denunciantes son Óscar Edmundo Garza, David Córdova Menjívar, José Ramón Arita Rosa y Carlos Virgilio Marín Alfaro, capturados y torturados por miembros de los cuerpos de seguridad del Estado entre 1980 y 1988.

Las víctimas se acercaron a la FGR apoyados por el comité de ex presos políticos de El Salvador y del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA).

Silvia Cuéllar, abogada a cargo del caso y representante del IDHUCA, dijo que a pesar de que ya pasaron varios años de los hechos denunciados los casos son imprescriptibles porque se trata de delitos contra la humanidad.

Según un comunicado emitido por el IDHUCA, “los casos se han presentado en cumplimiento de las sentencias emitidas por el tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador, realizado entre el 2009 y el 2012”.

Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA, aclaró que aunque “es un proceso bastante difícil cuando estamos frente a un Estado como éste, que ha despreciado históricamente a las víctimas y no solo a las de la guerra, (…) no es que tengamos la esperanza de que se va a lograr que se abran los expedientes, (…) lo que nosotros nos planteamos es que esta es la llave para abrir la puerta a la justicia”.

Oscar Garza, ex preso político y actual demandante, explicó que como víctimas les gustaría el gobierno diera respuestas a sus demandas, pero que saben que eso es “casi imposible”, así que cataloga la denuncia como un "prerrequisito" que deben que cumplir antes de pasar a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para alcanzar la justicia.

Garza fue capturado en agosto de 1980 por miembros de la Policía de Hacienda y torturado en la sede del mismo cuerpo policial.

Otro de los demandantes, David Córdova, aseveró que fue capturado el 6 de agosto de 1985 y torturado por agentes de la Policía Nacional. Contó que fueron 26 días en los que fue torturado física y psicológicamente, hasta que fue trasladado al penal de la Esperanza, conocido como Mariona, donde estuvo dos años y medio sin haber sido procesado por la justicia salvadoreña.

“Me pasaban cuchillos en el cuello, me amenazaban con pistolas, pero me decían que esa muerte era muy fácil para mí, que hombre como yo no merecía morir así, sino que torturado y sufriendo. (…) Me decían que a la Puerta del Diablo o al Playón me iban a ir a tirar o si no que eso le pasaría a mi familia”, dijo Córdova, al describir los tipos de tortura que recibió.

Otras demandas en curso

En el caso de demandas por torturas y detenciones arbitrarias esta es la segunda demanda por estos delitos que interponen en contra del Estado; la primera fue hecha el 7 de abril de 2010 y fueron dos casos los expuestos, el de Rolando Gonzáles y el de Carlos Santos quienes sufrieron dichas vejaciones en 1981.

Sin embargo por falta de interés y respuesta del Estado, el IDHUCA interpuso la demanda en noviembre de 2011 ante la CIDH, con sede en Washington.

Otra demanda fue interpuesta por el caso de Roque Dalton, asesinado en 1975 por sus compañeros de armas en el Ejército Revolucionario Popular (ERP). La demanda llegó a la CIDH en noviembre de 2011 por la renuencia del sistema judicial salvadoreño de iniciar un proceso de investigación en el asesinato del poeta.

Otros casos que han llevado a El Salvador al banquillo de la CIDH son casos de desaparición forzada como el de los niños y niñas Lorena Hernández, Santos Ernesto Salinas entre otros, casos presentados en 2003.

En 2005 tocó el turno para el caso de las hermanas Serrano Cruz, que llegó a un organismo superior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se convirtió en la primera condena internacional en contra de El Salvador.

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